LALUCHACONTINUA

Caracas, 2 Feb. ABN.- El índice inflacionario anual promedio de los últimos cuatro periodos presidenciales señala que el de la administración actual, liderada por Hugo Chávez Frías, es el más bajo con 18,4%.

El más alto se registró durante el Gobierno de Rafael Caldera, antecesor de Chávez, con 59,4%.

El presidente subrayó el hecho al cuestionar acusaciones de sectores opositores, según las cuales, uno de los grandes males de la actual gestión responde a la inflación.

Igualmente, refirió que el periodo presidencial de Carlos Andrés Pérez (1989-1993) se caracterizó por un índice inflacionario promedio de 45,3%.

La gráfica mostrada por el líder venezolano a manera de apoyo indicaba que el índice inflacionario anual más cercano al 18,4%, correspondiente a los últimos nueve años, es el que se registró durante la administración de Jaime Lusinchi (1984-1988), con un 22,7%.

El presidente venezolano destacó estas cifras durante una alocución especial transmitida este sábado desde el Palacio de Miraflores, con motivo de cumplirse los nueve años de su gestión en el Ejecutivo nacional.

En general, Chávez llamó a su tren ministerial y a todo el pueblo venezolano a continuar impulsando el bienestar económico y social en el país, tras citar cifras destacadas como la reducción de la pobreza extrema en 54%, toda vez que ésta bajó de 42,5%, en 1996, a 9,4% en 2007.

26 de enero 2008. - En Perú, el Gobierno del presidente Alan García viene presionando a diversos sectores del Ministerio Público y el Poder Judicial para que el proceso que se le sigue al comandante Ollanta Humala por los hechos ocurridos en Andahuaylas, hace tres años, se lleve a cabo violando sus derechos constitucionales y cometiendo una serie de atropellos al debido proceso.
En ese sentido, el Partido Nacionalista Peruano ha denunciado ante la Comunidad Internacional “la intención del Gobierno Aprista de eliminar a la oposición en el Perú, en el corto plazo, a fin de frenar la ola de protestas que se prevén a lo largo del territorio nacional, como justa reacción a las consecuencias nefastas del modelo económico neoliberal que se aplica en el Perú de la mano del presidente García Pérez; y en el mediano plazo para evitar su eventual postulación en el 2011”.
Todo esto se desprende, de la acusación fiscal que la autoridad correspondiente hizo pública ante los medios de comunicación, el último miércoles 23 de enero del 2008, por la cual la Fiscal Superior Gladys Fernández solicita 15 años de prisión y la expatriación del Cdte. Ollanta Humala por considerarlo autor intelectual de la asonada de Andahuaylas, ocurrida en enero del 2005; pese a que en esa época el líder nacionalista cumplía funciones de agregado militar en Corea del Sur, a 20 mil kilómetros de distancia y a 14 horas de diferencia horaria.

CRONOLOGÍA DE LOS HECHOS

(CASO ANDAHUAYLAS)

01.01.2005 Cuando Ollanta Humala se encontraba en Seúl como agregado militar, se produce la toma de la Comisaría de la provincia de Andahuaylas en el Perú, liderada por Antauro Humala (mayor en retiro del Ejército Peruano y hermano de Ollanta) quien protestaba por la falta de legitimidad del gobierno de Alejandro Toledo.

A raíz de ello el Fiscal de Andahuaylas denuncia a Antauro y a más de 160 reservistas (ex miembros del Ejército Peruano que han cumplido el servicio militar). Se suscitó un conflicto de competencia y el caso fue derivado a la ciudad de Lima.

Nov. 2005 Llegado a Lima el expediente judicial; el Fiscal de la 38 Fiscalía Provincial Penal de Lima formaliza denuncia ante el 38 Juzgado Penal de Lima. En ella, solicita citar a Ollanta Humala como testigo.

DIC. 2005 El 38 Juzgado Penal de Lima abre instrucción (investigación) contra Antauro Humala y los mencionados reservistas.

Luego se actúan las pruebas solicitadas como la declaración de los inculpados, testimoniales, informes forenses de necropsias, balística, pruebas de absorción atómica, etc. No se llama a testificar a Ollanta Humala ni tan siquiera para conocer sus Generales de Ley.

NOV. 2006 Vencida la etapa probatoria, el Fiscal Provincial presenta su informe final en el cual en una nota aparte, solicita se incluya a Ollanta Humala como denunciado quitándole la oportunidad para defenderse por cuanto la etapa probatoria se encontraba vencida. (A ello se suma el hecho que ninguna de las pruebas desarrolladas en la investigación a partir de la denuncia que considera a Ollanta como testigo, lo incriminan) Peor aún, el Fiscal decide pasarlo de testigo a inculpado, sin ningún elemento nuevo.

DIC. 2006 La Juez penal, en lugar de ampliar extraordinariamente la investigación para que Ollanta rinda su instructiva y presente sus pruebas de descargo lo incluye como denunciado sin ordenar siquiera la rendición de su instructiva ni darle la oportunidad de que presente pruebas de descargo. (En el Perú, el Juez, pese a que venció el plazo adicional de investigación, puede ampliarlo extraordinariamente invocando por sobre cualquier norma procesal la Constitución Política del Perú que considera como un derecho fundamental el derecho a la defensa).

Finalmente, la Juez, emite su informe final. De acuerdo a ley el expediente después del informe del Juez y de los abogados defensores debe subir a la Sala Penal Superior para que ésta la derive al Fiscal Superior quien acusa si y solo si, luego de evaluar la investigación (la defensa, pruebas de descargo aportadas por los denunciados, etc), llega a la conclusión de que sí hay culpabilidad.

JUN. 2007 Cuando el expediente ya se encontraba en la Fiscalía Superior, la defensa de Ollanta pide que se amplíe extraordinariamente la instrucción para que pueda ejercer su derecho a la defensa. Esta no se dio.

22.01.08 La Fiscal Superior acusa a Ollanta por el delito de Rebelión y lo sindica como “instigador” de dicho delito, con lo que Ollanta pasará a juicio oral a raíz de una acusación de la fiscal que, como tal, lo considera culpable sin que haya rendido su declaración, se haya escuchado a su defensa, ni permitido que presente pruebas de descargo.
La Fiscal Superior solicita en su ACUSACIÓN 15 años de prisión para Ollanta y luego de cumplidos que se le aplique la pena de EXPATRIACIÓN.

TRANSGRESIONES COMETIDAS

El Fiscal Provincial, la Juez Penal, la Fiscal Superior, La Sala Penal Superior, La Fiscalía Suprema y la Sala Penal Suprema habrían recortado flagrantemente el derecho Fundamental y Constitucional del ejercicio a la defensa y al debido proceso que le asiste al Comandante del Ejército Peruano (hoy en retiro) Ollanta Humala Tasso, ex candidato a la presidencia de la República del Perú y actualmente líder de la oposición en el país, según el 54% de encuestados a nivel nacional.

Este acto arbitrario que constituye una serie de atropellos judiciales, atenta también contra la declaración universal de los derechos humanos de la cual Perú es parte y en donde en su artículo 9 precisa que nadie puede ser procesado ni desterrado arbitrariamente.

Nadine Heredia Alarcón

Secretaria de Relaciones Internacionales

Partido Nacionalista Peruano



El Partido Nacionalista denuncia que “esta acusación fiscal, se ha dado violando el debido proceso porque hasta el momento (a tres años del suceso) no se toma la declaración instructiva del Comandante Ollanta Humala ni se le ha permitido presentar pruebas de descargo. Es decir, la decisión fiscal se ha tomado, sin conocer la versión del líder nacionalista sobre los cargos que se le imputan”.

Denuncia, igualmente, que la pena de Expatriación solicitada en contra del Comandante, resulta claramente inconstitucional y muestra la intención de alejar al líder nacionalista de la política nacional y de su potencial candidatura a la presidencia de la República. Una reciente encuesta, realizada en las 16 provincias más importantes del Perú, revela que Ollanta Humala se erige como el líder de la oposición (54%) y en un porcentaje abiertamente adverso se rechaza el desempeño del señor Alan García Pérez.

Sin embargo, el Partido ratifica que ante las maniobras persecutorias, hará uso de su legítimo derecho de defensa y responderá a la Justicia, desde el Perú, con respeto al debido proceso, porque confiamos en la Democracia y tenemos una gran responsabilidad política ante millones de peruanos que han depositado su confianza en el Proyecto Nacionalista.

El anuncio del presidente Uribe de su decisión de enviar a las fuerzas armadas neogranadinas a cercar a las FARC -sobretodo a aquellos sitios donde existe información de inteligencia (y del sistema de satélites norteamericanos) que localizaría los campos de prisioneros de la guerrilla- marca un nuevo hito en el proceso de escalada bélica del gobierno colombiano, apoyado y dirigido por la Casa Blanca.

Esta decisión vuelve a mostrar el doble discurso del presidente Uribe, que primero viaja a Europa con un planteo suavizado respecto a las FARC, en el que incluye la propuesta de revitalizar la mediación de los tres países europeos (Francia, España y Suiza), que ya había fracasado, e inmediatamente después toma una medida de fuerza que vuelve casi nulo el espacio de negociación.

Estamos frente a un indicador de cómo la solución militar pareciera ser el camino elegido por el gobierno colombiano, sus acciones de “seguridad democrática” tienden a basarse exclusivamente en la política del garrote. Encaja perfectamente con la visión de Bush y los neoconservadores de imponer por la fuerza la presencia de los Estados Unidos en todo el planeta.

Además de los cambios que ya está produciendo dentro de la sociedad colombiana esta política agresiva (aún muchos de los que hasta ayer apoyaban a Uribe en Colombia se declaran hoy opuestos a esta medida que deja sólo la solución militar como alternativa), esta escalada pudiera tener consecuencias serias para Venezuela.

Ya hace tres meses, en ocasión de su visita a Caracas, Thierry Meyssan (director de la Red Voltaire y reconocido analista internacional) nos exponía su visión geopolítica de la región. Decía que a Estados Unidos no le interesaba en este momento una agresión militar directa a Venezuela, vista su difícil posición militar en Irak y Agfanistán y su intención de atacar a Irán, y considerando las dificultades geográficas y las consecuencias políticas que tendría una invasión a territorio venezolano. Que los planes militares estadounidenses pasaban ahora por una agresión militar indirecta, a través de Colombia y Perú. Que promoverían, apoyarían y estimularían las tensiones entre ambos países y Venezuela con el objetivo de provocar un conflicto armado “local”.

Si en ese momento esa hipótesis pudo parecer atrevida, los hechos parecieran estar acercándonos a ella. La creciente tensión entre ambos gobiernos, con las reacciones indignadas del presidente Chávez ante las acciones y declaraciones del gobierno de Colombia (de Uribe y de algunos de sus ministros o allegados) y los aparentes esfuerzos del gobierno neogranadino por echar leña al fuego en una caldera que está acumulando demasiada presión, parecen ir acercándonos hasta una situación límite.

Si a esto agregamos la presencia cada vez más notoria de paramilitares en la parte venezolana de la frontera con Colombia (y a veces hasta lejos de la frontera, profundo en territorio venezolano), el cuadro parece complicarse.

La semana pasada el presidente Hugo Chávez denunció públicamente esta situación, advirtiendo que se estaba preparando una agresión militar contra Venezuela. Esta advertencia fue respuesta a declaraciones de personeros del alto gobierno colombiano, que intentan implicar al alcalde de la ciudad de Maracaibo en relaciones directas con el narcotráfico, y que hablan de la posibilidad de una incursión en territorio venezolano de las fuerzas armadas colombianas para aprehenderlo y juzgarlo en Colombia, lo cual constituiría un incidente capaz de desatar un conflicto armado.

Ni el gobierno y ni el pueblo de Venezuela, ni el pueblo colombiano, creen ni son los gestores de un posible enfrentamiento bélico, a pesar existir tradicionalmente algunas posturas radicales y xenófobas de minorías en ambos países. La política de Uribe parece estar cada vez más (sobre todo a partir de que se acerca el fin del mandato de Bush) guiada por la prisa de la Casa Blanca en resolver rápidamente los obstáculos que impiden la hegemonía global propuesta por los neocom.

En las últimas semanas las declaraciones de los altos funcionarios de EE.UU. han intentado relacionar al gobierno del presidente Chávez con el abastecimiento en dinero y pertrechos a las FARC, denunciando una comunidad de propósitos y una acción conjunta entre los insurgentes y el gobierno venezolano. Igualmente han acusado a Venezuela de ser un estado que no combate el narcotráfico, sugiriendo que no lo hace porque es cómplice en él. Esta escalada declaratoria se parece sospechosamente a la realizada por los voceros norteamericanos cuando preparaban una matriz de opinión que justificara la guerra de Irak.

A toda esta situación general pueden agregarse en los últimos tiempos, las declaraciones de los voceros de la oposición venezolana más radical, que manejan ahora la idea de que es necesario impedir de cualquier forma que el presidente Chávez finalice los últimos cinco años de su mandato. Son los mismos sectores que apoyan públicamente las posiciones del gobierno norteamericano y del gobierno colombiano.

En definitiva, y sin ninguna intención de alarmismo, se vislumbran síntomas de que se está intentando configurar un enfrentamiento bélico entre Colombia y Venezuela. En respuesta a esos síntomas podemos realizar un análisis superficial de ese posible escenario y establecer algunos parámetros del mismo:

1. El recrudecimiento bélico interno de Colombia pudiera constituirse en un buen ejercicio para sus fuerzas armadas en caso de enfrentamiento con Venezuela.
2. Las fuerzas armadas colombianas están mejor armadas que las venezolanas, producto de los planes Colombia y Patriota que vienen desarrollándose hace años en el vecino país y que les han proporcionado armamento actualizado, apoyo logístico de organización y operacional por parte de los EE.UU.
3. En el escenario de una confrontación armada las fuerzas armadas colombianas contarían con la información en tiempo real de la red de satélites espías norteamericanos para su desempeño, factor muy importante en la guerra contemporánea.
4. Las fuerzas armadas colombianas cuentan también a su favor con un factor muy importante en toda confrontación armada, la experiencia de combate que le proporciona su lucha de muchos años contra los insurgentes.
5. A pesar de los esfuerzos realizados por el gobierno del presidente Chávez por poner al día el armamento de las fuerzas armadas venezolanas, la obsolencia de muchos de sus equipamientos, acumulada en años de no renovación por parte de la cuarta república sigue siendo importante.

Claro que estas consideraciones se refieren a un escenario que, a pesar de los síntomas, sigue hoy siendo hipotético. Existen y están presentes en la situación general, factores que van más allá de las posibles intenciones, tanto del gobierno de los EE.UU como del colombiano. Factores como la presión interna en la sociedad colombiana y el creciente desprestigio de Uribe, la posible presión internacional (sobre todo la de la comunidad suramericana), el equilibrio o desequilibrio entre el esfuerzo bélico frente a las FARC y la posibilidad de un nuevo frente, las composiciones internas de poder dentro de Colombia y su reacción frente a esta alternativa, la respuesta de las FARC al recrudecimiento de la lucha en territorio neogranadino, la posibilidad que todo se reduzca a una forma más de presión sobre el gobierno de Chávez para colaborar en su desestabilización, y algunos factores más encubiertos en la compleja situación global.

Para Venezuela sólo cabe estar muy atenta a como se van desenvolviendo los acontecimientos, a fin de no encontrarse repentinamente con una situación que puede ser muy perjudicial para todos.

Miguel Guaglianone
Escritor uruguayo-venezolano radicado en Caracas, investigador independiente

Después de lograr la liberación de Clara Rojas y Consuelo González –que apareció ante el mundo como un gran éxito personal– Chávez lanzó la propuesta de reconocer a las FARC y al ELN como una “fuerza beligerante” o “insurgente”.

Estamos de acuerdo con que las FARC y el ELN sean reconocidos como tales. Aunque discrepamos absolutamente con las concepciones, la política y los métodos de las FARC y el ELN, son una fuerza político-militar con base en un sector minoritario pero real de las masas colombianas. Más allá de sus transformaciones y actual decadencia, son aún la descendencia de un proceso de autodefensa y rebelión campesina que estalló en 1948 y que se continuó con altibajos, enfrentando las brutalidades de los terratenientes y los sucesivos gobiernos.

Es una falsedad completa lo de Bush y Uribe, que califican a la guerrilla colombiana de grupo terrorista, o “narco-terrorista”.

Esta acusación de “narco-terrorismo” viniendo de quien ya asesinó más de un millón de iraquíes desde la invasión de 2003, se descalifica por sí misma. El otro acusador es Uribe, un personaje que comenzó su carrera política y profesional como hombre del Cartel de Medellín, y que en 1997 fue uno de los iniciadores del paramilitarismo con la fundación de las “Cooperativas Convivir” cuando era gobernador de Antioquía.

La política de la FARC es un desastre

Pero, al mismo tiempo que defendemos a las FARC y al ELN de los ataques del gobierno colombiano, debemos dejar bien claro que sus políticas han sido desastrosas, que han sido los responsables principales de las durísimas derrotas que la burguesía y sus gobiernos infligieron a la clase obrera y los explotados de Colombia.

Hoy sigue siendo vigente lo que decíamos en Socialismo o Barbarie del 28/02/02, cuando analizábamos el final desastroso de las “negociaciones del paz” del anterior presidente Pastrana y que llevarían al poder al narco-paramilitar Uribe:

“En los papeles, las FARC plantean un programa atractivo para las masas urbanas pobres... Pero, en los hechos, las acciones de guerra que llevan adelante chocan violentamente con las clases medias y los trabajadores de las ciudades, que hoy constituyen más del 70% de la población colombiana. En vez de atraerlos, los repelen.

“Las FARC y el ELN realizan acciones y atentados que dañan a las masas urbanas, aun a las más pobres. En los últimos tres años, derribaron más de mil torres de alta tensión, dejando sin luz durante semanas a ciudades y poblaciones; sabotean acueductos y la gente queda sin agua; destruyen puentes; dinamitan oleoductos produciendo catástrofes ecológicas; ponen coches-bombas, etc. La política de secuestros no es menos contraproducente: la mayoría afecta a gente de clase media, sin grandes recursos, y que por lo tanto no puede pagar guardias ni custodios como los millonarios. Nada de esto les atrae las simpatías de los afectados. Por el contrario, los empuja al apoyo de fascistas como Álvaro Uribe.

“La cuestión central es que las FARC y el ELN conducen una guerra de aparatos —sus aparatos militares contra el del Estado—, en la cual las masas obreras, campesinas y populares sólo tienen reservado un papel pasivo, «sin voz ni voto». Las acciones de las guerrillas no se determinan en función de atraer, organizar democráticamente y movilizar a las masas urbanas, con el fin último de tomar con ellas el poder. Hay una concepción militarista y profundamente antidemocrática en su relación con las masas, principalmente de las ciudades. Para la conducción de la guerrilla, no es determinante lo que ellas opinen. De hecho, se las toma de rehenes, en acciones destinadas a presionar al Estado para negociar, aunque esas acciones (como destruir un puente o cortar el agua y la electricidad) signifiquen agravar sus ya difíciles condiciones de vida. El fin de las negociaciones, sin que las FARC hayan conseguido otra cosa que volcar a las masas urbanas a la derecha, marca el rotundo fracaso político de esa estrategia de presiones armadas para negociar en mejor relación de fuerzas con el estado.”