Cuando esto escribo, recién empiezan a conocerse los resultados de la consulta secesionista convocada en Bolivia por la oligarquía terrateniente del Departamento de Santa Cruz. De acuerdo a la información que globalizan sus medios, los autonomistas obtuvieron el 85% de los votos favorables al estatuto autonómico, la versión del Gobierno Boliviano es contrariamente la de una elevada abstención que sólo refrenda el carácter impopular, racista, excluyente, inconstitucional, ilegal e ilegítimo del proceso, y que en nada obliga a modificaciones del estado de derecho boliviano.
A todas luces, los resultados, no se corresponden a los esperados por los promotores de la creación de una nueva república, a pesar del apoyo económico de la clase dominante de los departamentos promotores del estatuto autonómico, Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija, y de la abierta injerencia en el proceso de la embajada norteamericana, mediados por la violencia explícita o la implícita en los mensajes de terror difundidos fundamentalmente por la juventud cruceña.
¿Porqué se aliaron a favor del referendo autonomista latifundistas, industriales, banqueros, dueños de medios de comunicación, autoridades departamentales de derecha y la embajada norteamericana? Simplemente porque son los mismos, el latifundio en Bolivia como en el resto de Latinoamérica ha sido la fuente originaria de acumulación de capital a partir de la que se construyó la agroindustria, el sector bancario, el comercio de exportación y el control mediático. Una reciente investigación de la Fundación Tierra concluye que 40 familias centralizan el poder económico y social en la región, 24 beneficiarios tienen haciendas de más de 20 mil hectáreas, y de ellos, cuatro detentan predios de más de 50 mil hectáreas de extensión, controlan toda la industria del aceite de soya y girasol, poseen el control accionario del Banco Económico, del Banco Ganadero y del Banco Nacional de Bolivia, el más antiguo del país. En la ganadería concentran no sólo los mayores hatos ganaderos sino que ejercen control sobre los mataderos, frigoríficos, curtiembres y cadenas de supermercados, son dueños de las cadenas televisivas Red Uno y Unitel desde donde se dirige el mayor ataque mediático contra el gobierno de Evo Morales. Tienen además participación política a través del ejercicio del gobierno departamental desde el cual han establecido las relaciones institucionales con la embajada de los Estados Unidos, que permiten la injerencia necesaria para contribuir a la desestabilización del Gobierno de Bolivia.
Hoy con facilidad pueden conocerse las actividades de la embajada de los Estados Unidos en Santa Cruz, centro impulsor de la secesión, con sólo acceder a través de Internet a su “Enfoque Santa Cruz”, definida como la presencia virtual de los Estados Unidos de América para Santa Cruz, Bolivia. La presencia virtual es un nuevo método de la diplomacia de Estados Unidos para recabar información e intervenir por distintas vías en regiones seleccionadas. Esta es la segunda presencia virtual que abre la embajada en Bolivia. La primera fue en Cochabamba.
La embajada norteamericana opera a través de varias agencias: NAS Santa Cruz, el Grupo Militar de Estados Unidos, el Cuerpo de paz y la USAID. Desde 1976 el gobierno de Estados Unidos, a través de la División de Asuntos Antinarcóticos (NAS) ha proporcionado casi 500 millones de dólares para apoyar programas antinarcóticos. Desde 1992, la NAS tiene una oficina regional en el departamento de Santa Cruz y actualmente apoya a la Fuerza Aérea y al Ejército respectivamente. En el 2007, la NAS capacitó a educadores y líderes juveniles de la Fundación “Escuela para la Vida”, y complementó su trabajo con docentes y estudiantes de barrios marginales, financió la construcción y el equipamiento de un gimnasio y contribuyó con 70 mil dólares para la construcción de un nuevo albergue con capacidad para 48 personas en la Villa del Niño Feliz de la Tahuichi. El Grupo Militar de Estados Unidos, sirve como el representante del Departamento de Defensa de Estados Unidos y lleva a cabo actividades de cooperación en el área de la seguridad para mantener relaciones con el gobierno y promover el intercambio de información. En el año 2007, el Grupo Militar de Estados Unidos contribuyó con más de 9 millones de dólares en asistencia, concentrándose en proyectos de ayuda humanitaria y financió más de 1.2 millones de dólares en capacitación de las fuerzas de seguridad tanto en Estados Unidos como en Bolivia, con énfasis especial en la lucha antiterrorismo y los derechos humanos. El Cuerpo de paz, dice ser una misión para promover la paz y la amistad. La USAID es una agencia para el desarrollo que actualmente financia proyectos en una gran cantidad de municipios del Departamento de Santa Cruz. Los proyectos se concentran en: fortalecimiento de procesos e instituciones democráticas, ayuda a las empresas con potencial exportador, establecer y administrar Centros Integrados de Justicia que proporcionan asistencia jurídica y servicios relacionados que mejoren la confianza en el sistema judicial. Además USAID apoya a la prefectura a través de programas de fortalecimiento institucional para la planificación, descentralización de servicios y promoción del desarrollo económico regional.
Si se observa la evolución del proceso autonomista pueden identificarse los elementos articuladores del movimiento con los intereses de los Estados Unidos: apoyo económico, intervención disfrazada de lucha antidrogas, presencia en espacios vitales de la soberanía nacional (militar, político, de justicia), penetración de grupos sociales vulnerables, formación de líderes aliados, afianzamiento de relaciones bilaterales y desestabilización del Gobierno Boliviano.
¿Y qué tratan de evitar? La intención es impedir la aprobación de la nueva Constitución Boliviana y la refundación de la República, mediante la que desaparecerán los privilegios de la concentración económica, la exclusión étnica y la hegemonía racista.
Establece el preámbulo de esa nueva Constitución “El pueblo boliviano, de composición plural, desde la profundidad de la historia, inspirado en las luchas del pasado, en la sublevación indígena anticolonial, en la independencia, en las luchas populares de liberación, en las marchas indígenas, sociales y sindicales, en las guerras del agua y de octubre, en las luchas por la tierra y territorio, y con la memoria de nuestros mártires, construimos un nuevo Estado.
Un Estado basado en el respeto e igualdad entre todos, con principios de soberanía, dignidad, complementariedad, solidaridad, armonía y equidad en la distribución y redistribución del producto social, donde predomine la búsqueda del vivir bien; con respeto a la pluralidad económica, social, jurídica, política y cultural de los habitantes de esta tierra; en convivencia colectiva con acceso al agua, trabajo, educación, salud y vivienda para todos.
Dejamos en el pasado el Estado colonial, republicano y neoliberal. Asumimos el reto histórico de construir colectivamente el Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, que integra y articula los propósitos de avanzar hacia una Bolivia democrática, productiva, portadora e inspiradora de la paz, comprometida con el desarrollo integral y con la libre determinación de los pueblos.
Nosotros, mujeres y hombres, a través de la Asamblea Constituyente y con el poder originario del pueblo, manifestamos nuestro compromiso con la unidad e integridad del país. Cumpliendo el mandato de nuestros pueblos, con la fortaleza de nuestra Pachamama y gracias a Dios, refundamos Bolivia”.
